Matadoiro Compostela

Matadoiro Compostela é un espazo de intervención e autoxestión cidadá de Santiago de Compostela.

Ubícase na antiga Casa da Xuventude, un edificio de 1600 m2 convertido en territorio aberto para desenvolver proxectos creativos ou sociais e que pretende ser xerador de comunidades produtivas que traballen dun xeito colaborativo e multidisciplinar.

Aberto e colaborativo

O uso do espazo é libre e de balde. A xestión e programación lévase a cabo dun modo asembleario entre quen participe del.

Mediación cultural

Desde xuño a outubro de 2016 desenvolverase un proxecto experimental de Mediación Cultural: Comúns e Instituíntes “Espazos creativos, espazos cidadáns”, co obxectivo de achegar unha plataforma de escoita, coidados e colaboración para a súa construción.

Así mesmo, levarase a cabo unha convocatoria pública de proxectos de intervención das diversas salas do edificio e mesas de traballo para pensar e argallar colectivamente o futuro modelo para este espazo cultural.

Comúns e Instituíntes é un proxecto de xestión de espazos e comunidades creativas. Xorde a partir do Obradoiro de Mediación Cultural: que flúa!, levado a cabo en Santiago de Compostela por David Rodríguez e Jordi Claramonte, canda un grupo de traballadores e axentes culturais do Concello e da cidade.
Gracias a Víctor Sampedro, inductor de todo ésto, ¡eres un crack!: http://www.matadoirocompostela.com

D.

La Marea Atlántica llega a la costa

Virginia Uzal
Comunidad editorial del 4º Poder en Red

“Debemos ser dornas solidarias no temporal, unha marea solidaria de milleiros de dornas mentres outros pelexan polos mellores camarotes do Titanic sen saber que se está a afundir”. (“Debemos ser dornas* solidarias en el temporal, una marea solidaria de miles de dornas mientras otros se pelean por los mejores camarotes del Titanic sin saber que se está hundiendo”)

Con esta metáfora, el escritor y periodista Manuel Rivas definía el contexto y el proyecto de Marea Atlántica, durante la presentación de la candidatura ciudadana en la Ribeira do Cómaro, A Coruña. Un acto político que podría pasar a la historia del municipalismo. Al igual que la presentación de Guanyem Barcelona y el discurso de Ada Colau.

El pasado viernes, los herculinos celebraban los 2.500 apoyos que se fijaron como mínimo para dar el siguiente paso: poner en marcha la Marea Viva. Se trata de un gran foro que pretende poner en común todo el trabajo hecho por el tejido social desde el estallido de la crisis, para construir una metodología y un programa de cara a una candidatura ciudadana, para las elecciones municipales de mayo de 2015.

Aunque empezó a cocerse antes de que naciese Guanyem Barcelona o de que apareciese el manifiesto fundacional de Podemos, esta iniciativa no recaba la misma atención. Comparto la idea de uno de sus miembros, “muchos medios tienen cierta dificultad para comprender lo que está pasando, están acostumbrados al marco de la vieja política. Esto, acompañado de que muchos de ellos no muestran simpatía por la iniciativa, provoca en numerosos casos un silenciamiento”. Silencio que, sin embargo, no ha sido obstáculo para conseguir los apoyos.

“Igual que AGE (el prototipo galaico, pionero de Podemos), las mareas en Galicia son ignoradas por la mayoría de la población española. Y beben, no sólo de los recientes cambios en la izquierda y el nacionalismo gallegos; sino también de movilizaciones sociales (también transversales) como Nunca Máis. De hecho, recogen el testigo de aquella Marea Humana que se alzó simultáneamente contra el Prestige y las guerras del petróleo”, afirma Víctor Sampedro.

Presumen, con razón, de no ser una iniciativa de partido, aunque muchos de los grupos políticos gallegos ya se han comprometido a no presentarse a las elecciones si lo hace Marea Atlántica. “Llegamos para sumar y ganar, no para restar ni dividir. Si el llamamiento a construir juntos una ciudad para el 99% convoca una mayoría social dispuesta a trabajar y superar diferencias, entre todas y todos, haremos la candidatura que merecemos. Pero lo importante es el proceso que se abre. El cambio ya comenzó”.

La cuestión parece estar clara y el paso, dado. Ahora la pelota está en el tejado de los partidos políticos que no se han posicionado respecto a alternativas como ésta, o para todos aquellos que se den por aludidos leyendo estas letras.

Candidatura sin liderados y fundada de forma analógica

Los inicios de Marea Atlántica son bastante clásicos; es decir, analógicos. Pequeñas asambleas derivaron en grupos de gente con capacidad para trabajar juntos y desarrollar el proceso de elaboración del manifiesto. Ese grupo inicial se fue poco a poco ampliando y decidieron tirarse al mar, precipitar ese trabajo que llevaban tanto tiempo elaborando. Una fase totalmente analógica, de tú a tú, acabó convertida en digital cuando se presentó oficialmente la iniciativa y recabó los apoyos mencionados.

A partir de ahí las redes e internet se volvieron esenciales para ellos. Más de un 60% de los apoyos que tiene el manifiesto vienen directamente de las redes sociales. La comunicación pasó al mundo virtual para dar a conocer el proyecto. Pero (y ahí parece residir la clave de la nueva tecnopolítica), después, la comunicación volvió a las calles. Las asambleas e incluso los puestos de recogida de firmas e información se desplegaron por A Coruña para combinar ambos mundos y llegar a toda esa gente a la que la red no llega, cuyo ecosistema es la plaza.

Esa combinación, también a nivel de organización interna, podría ser un factor de éxito de esta candidatura que aspira a ocupar el Ayuntamiento de la Plaza coruñesa de María Pita.

Marea Atlántica no tiene liderazgos definidos. La organización y las formas de trabajo funcionan de forma horizontal y plural, al igual que las portavocías. “Hoy hablar de ruptura democrática implica hablar de primarias abiertas, de alguna forma es la marca de agua de estas candidaturas”, afirma uno de sus miembros.

Esta iniciativa, creó su nombre casi de forma accidental, pero representando toda la esencia de las movilizaciones de A Coruña. Recogía el espíritu del 15M, de las mareas de la enseñanza, sanidad, del exilio, de la PAH, etc, remitía, además, un imaginario propio, sentido, cercano de esta ciudad que vive del mar. Y, por supuesto, recogía el movimiento de Nunca Máis, pionero, a pesar de que a menuda se olvida cuando se hace el inventario de movimientos que pertenecen al 15M.

El proceso fue lento, pero sin pausa, para sacar adelante a esta marea “que viene de lejos, de muy lejos” y convertirse en la primera candidatura ciudadana en Galiza

Actualmente existen otros embriones de plataformas electorales gallegas: Marea de Vigo, Ártabra o Ourense en Común son algunas de ellas. Junto con las venideras, han decidido prescindir de la marca Ganemos, aunque impulsados por la misma fuerza y con el mismo objetivo: ciudades gobernadas por y para, al servicio de la ciudadanía.

*Embarcación típica en las Rías Baixas

Nunca máis: nuestra guerra, nuestras mareas.

Once años después, recupero este texto de una página antimilitarista.
La Marea Humana sigue en guerra, en pie de paz.
Contra el desaliento, más indignación.
Limpiamos las playas, pero nos quedan los despachos.
Contra su impunidad, dignidad.
Nunca Máis.
Imagen de Raúl Arias para ilustrar un texto de A. Espada. Remezclada aquí, para rescatar su significado
El Prestige ofrece, al menos, tres planos de lectura:
local, estatal y global. Comprenderlas y relacionarlas pueden servir
para mantener la movilización social en marcha. El escaso valor
electoral de la catástrofe en los próximos comicios municipales,
que no se celebrarán en Galiza hasta 2004, y la decreciente espectácularidad
mediática irán minando su visibilidad en la esfera pública.
La alfombra de bombas sobre Irak también ocultará las sucesivas mareas negras.
Por
ello intentaré conceptualizar la crisis del Prestige como efecto
colateral de las guerras del petróleo.
1) A nivel local podría interpretarse el Prestige
como posible catalizador de la emergencia de una cultura de la protesta
cívica, hasta ahora desconocida, marginal o marginada en Galiza.
De mantenerse, socavaría, al menos, el clientelismo caciquil y la resignación
secular de la que se alimenta.
2) A nivel nacional, el Prestige ha proyectado simbólicamente
a la sociedad civil del voluntariado, frente una clase política
indolente (demostraron que no les dolía el drama ecológico
y social) y prepotente (creen que pueden decir y hacer lo que les venga en gana, por incongruente
e irresponsable que resulte). Por desgracia, esos adjetivos no se ajustan
sólo al gobierno autonómico y central del PP. La negativa del PSdG a formar parte de la plataforma Nunca Máis, la del PSOE
a plantear una moción de censura en el Congreso, la ausencia
de los eurodiputados socialistas españoles que impidió
crear una comisión específica en el Parlamento Europeo… justifican la sospecha
ciudadana de semejanza entre quienes podrían enfrentarse a una
crisis semejante en el futuro y quienes ya gobiernan. 

Habrían mudado las formas, pero no las prácticas con las
que se afrontaron los escándalos de las dos últimas legislaturas
del PSOE : opacidad en la toma de decisiones, deriva de responsabilidades
y
minimización de costes políticos. La debilidad de los
resortes políticos y mediáticos de las otras fuerzas de
la oposición ha diluido sus iniciativas.
3) Un tercer nivel de lectura, el global, ha sido esbozado
por algunos columnistas y líderes de opinión, vinculando
la marea negra con la globalización capitalista. Esa conexión
resulta obvia cuando se constata que la crisis obedece, en gran medida, a los imperativos del credo neoliberal
globalizador.
Estado mínimo y, por tanto, disminuido en su capacidad
para afronta los riesgos ecológicos de un mercado en manos de multinacionales, sin legalidad ni responsabilidad social alguna. A casi
dos meses del desastre no ha habido una sola dimisión y sólo
está en prisión el capitán griego del Prestige:
ni rastro del propietario libio del buque, ni de la compañía de fletes griega, ni de la
aseguradora británica que lo abanderó en las Bahamas,
ni de la firma gibraltareña que fletaba la carga, que pertenecía
a una petrolera ruso-suiza…
La debilidad estructural de los grupos antiglobalizadores podría impedirles transformar la indignación popular y el voluntariado
en rebeldía. Pocas veces se ha percibido, como durante esta crisis,
el
abismo entre el lenguaje político-mediático y el discurso
de la calle.
Pero las interpretaciones críticas aún no han surgido de quienes
defienden la Tasa Tobin, la Consulta Social Europea, el Foro de Porto
Alegre o la Desobediencia Global. Por eso, las críticas al mercado
global de crudo – apenas esbozada en algunos medios – no tocaron el
tema de fondo: el carácter excedentario de las poblaciones afectadas.
Tanta indolencia e irresponsabilidad de los gobernantes
no son una prueba de incompetencia política, sino de prepotencia
neoliberal: el Estado abandona a su destino a los sectores improductivos
e ineficientes. Aún más, los «desastres» y las
«crisis» han de servir para realizar ajustes estructurales,
impuestos desde hace tiempo por Bruselas o algún otro ente tecnocrático,
alejado del control y la participación de los ciudadanos. Permítaseme
una comparación. La Xunta ha extremado el cuidado y las inversiones
en el Camino de Santiago para atender a la marea de peregrinos que se
repite cada cuatro años. Es casi el mismo ciclo que el de las
mareas negras en las costas gallegas.

Sin embargo, aún carecemos del desarrollo de un plan de riesgos,
que además sufrió recientes recortes en las infraestructuras
para afrontar crisis como la del Prestige. La UE lleva décadas
intentando recortar las licencias y las cuotas de pesca, así como el excesivo peso del
sector primario gallego. La Xunta, en sintonía, anuncia próximas
inversiones para convertir A Costa da Morte en un parque temático.
Sus únicas propuestas políticas han sido indemnizaciones y subvenciones
para desarrollar el turismo en la zona. Intentan transformar a mariñeiros
y redeiras en mediopensionistas y luego en siervos del agroturismo.

La debilidad de los grupos antiglobalización
y su falta de coordinación explican que se hayan visto sobrepasados
por los voluntarios que se lanzaron a las playas tras ver las imágenes
de alguna televisión y contrastar las mentiras oficiales. Ahora bien, por miopía intelectual
se ha desprovechado la posibilidad de realizar una crítica movilizadora,
que evidenciase lo que todos sentían en carne propia o vecina
y no alcanzaban a entender: ¿Por qué se dejaban «en manos
de Dios y las corrientes marinas» toneladas de veneno?
Sería absurdo inculpar al PP de generar esta
crisis a propósito, con el fin de forzar la reconversión
de todo el sector pesquero. Pero era una tarea pendiente, por imperativo
de Bruselas, de todos los conselleiros de Pesca. Ante la tragedia y sin haber tomado una sola medida efectiva,
Manuel Fraga Iribarne declaró que «no hay mal que por bien
no venga».
Sabe que las ayudas ampliarán las redes clientelares del voto
cautivo del PP y que, a medio plazo, será más sencillo
desmantelar los sectores ineficientes de la pesca gallega. Todavía
no ha recibido una crítica serena y radical de las raíces de su indolencia e irresponsabilidad.
Dicha crítica hubiese conectado con todos aquellos que nunca
han asistido (ni a este paso asistirán) a las contracumbres y
a los foros sociales, pero que se saben poblaciones amenazadas por la
globalización, aquí y ahora.
Algunos calificamos, sin lograr demasiado eco, la marea
negra como arma de destrucción masiva del capitalismo globalizado.
Los efectos del Prestige sobre el ecosistema marino y humano están
siendo devastadores.
Por lo menos, nos afectan bastante más que los supuestos silos
nucleares y bioquímicos de Sadam Hussein. La conexión
entre el tráfico fraudulento de hidrocarburos y el origen de
la guerra con Irak también resulta evidente. La petrolera cuyo
crudo transportaba el Prestige era la cuarta compañía
en importancia de Rusia, con conexiones previas en el tráfico
de armas, la mafia y diversos paraísos fiscales.
Después del siniestro del Prestige, mejoró
aún más su posición comprando, gracias a sus contactos
con Putin y a precio de saldo, una petrolera competidora. La guerra
del Golfo no habría sido posible sin la aquiescencia del Kremlin, la que se avecina contra Irak tampoco. En
suma, los militares españoles, que brillaron por su ausencia
en las costas de Galicia hasta bien entrada la tercera marea negra,
defienden a las mismas petroleras (e intereses políticos afines) que nos
inundan de veneno el presente y el futuro.
Así de simple y crudo (también de fuel).
Porque por/con petroleo se ganaron las elecciones en USA y, a partir
de entonces, George Bush Jr. comenzó a practicar el unilateralismo.
¿Se acuerdan de los escribas adláteres que tras el 11-S celebraban su apertura al mundo? Son
los mismos que ahora jalean el plan norteamericano de cortar alianzas
con Arabia Saudita y recomponer el mapa de Oriente Medio. Sus objetivos
no pueden ser más claros: avisaron que quien no participase en
la «coalición internacional» no disfrutarían
de los yacimientos irakíes.
Rusia, que ya sólo muestra su poder ante los
chechenos, tendrá que dar un cheque casi en blanco al Pentágono.
Desde la crisis de la mili, las FAS no habían
caído en tal descrédito como el provocado por su inactividad
durante el primer mes de mareas negras. Los soldados no fueron movilizados
para evitar la sensación de emergencia nacional, en consonacia con la estrategia del Gobierno de
negar la catástrofe. Se buscó la proyección internacional
de las tropas para, a la vez, servir de cortina de humo del Prestige: las fotos de la Marina en el Índico asaltando un barco coreano
que parecía transportar armamento «terrorista». Pero
resultaron ser misiles destinados a un país»aliado»,
por lo que se le devolvieron al día siguiente.
Sin haberse pasado por O Grove, «asestaban un golpe» a Al Qaeda
en las costas de Yemen. Un par de días bastaron para invalidar
las definiciones de soberanía y de riesgo nacional que maneja
el Ministerio de Defensa, ahora desvelado sólo como Ministerio
de la Guerra. 
El ministro Federico Trillo («las playas de Galicia
están esplendorosas») ya había demostrado su noción
de la soberanía nacional enviando un cazabombardero a la contracumbre
que se celebró en Barcelona en mayo de 2002: los antiglobalizadores equiparados a las tropas terrestres
de Bin Laden. Confundiendo las tareas policiales con las militares (que
también incluyen frenar «la avalancha» de inmigrantes), acaecieron el estrambote neocolonialista de Perejil y los banderazos
en la Plaza de Colón. La patria, parecen decir, se defiende luchando
contra el subversivo, el moro y el separatista. Frente a tales amenazas,
los buques monocascos, que durante el primer mes del Prestige siguieron
navegando a pocos kilómetros de Fisterra, no representan riesgo
alguno.
La estrategia actual de reemplazar en la recogida de chapapote a los
voluntarios por los soldados intenta limitar el contacto directo de
miles de jóvenes con la tragedia y evitar que propagen su testimonio.
Repito, al principio, entre Yemen y Muxía, Federico Trillo no
dudó a dónde debían acudir las FAS.
La guerra global permanente, decretada por USA el 11-S,
se mueve con y por petróleo. El lobby norteamericano de las petroleras
impulsó a George Bush Jr. como presidente y en su equipo está
representado en las más altas instancias que dirigen la guerra
contra Irak. El Imperio, por
emplear el término de T. Negri, adopta los rasgos que Mary Kaldor
señala en las «nuevas guerras». Según esta autora,
los conflictos bélicos más recientes (p.e. las guerras
civiles de África o la ex-Yugoslavia) evidencian la interrelación de las dimensiones económica
y bélica de la globalización.
Cuatro distinciones, más
o menos claras durante la Guerra Fría, se han borrado, primero
en los conflictos étnicos en países «fallidos» y actualmente en la guerra de contra-insurgencia
global que lidera la potencia estadounidense. Sorprende su paralelismo
con los sucesos del Prestige:
1) Se borra la distinción entre actividades bélicas
públicas (dirigidas por el Estado) y las organizadas por bandas
privadas. De igual modo, TRAGSA, empresa pública encargada de
limpiar las costas cuenta como accionista al Ministro de Medio Ambiente,
Jaume Mata.
2) Se borra la distinción entre las dimensiones
internas y externas de los conflictos. En la crisis del Prestige las
responsabilidades medioambientales, económicas y políticas
se diluyen entre actores de diferentes nacionalidades, ante la impotencia
estatal y la ausencia de una legislación internacional.
3) Se borra la distinción entre lo económico
y lo bélico. La globalización retoma las economías
de guerra y la guerra económica, aceptando la vuelta de la coacción
en las relaciones mercantiles. La Marina portuguesa impidió el
remolque del Prestige frente a sus costas, medida que parece haber decidido
el alejamiento del buque hacia aguas donde ningún ejército
pudiera intervenir. Su hundimiento, intencional o no, se produce allí donde no existen ni regulación supranacional
ni tropas que la implementen: el mar, sin guardacostas, sin nacionalidad,
convertido en vertedero. Y, finalmente..
4) Se borra la distinción entre tareas civiles
y militares, entre soldados profesionales y voluntarios. El verdadero
ejército popular vistió el mono blanco de los voluntarios
desde la segunda semana de la
crisis. Dos meses después, los militares profesionales intentan
aprovechar su legitimidad y restarles protagonismo: visten monos blancos,
pero a sus espaldas muestran el logotipo de las FAS.
Estos paralelismos sugieren que la movilización
por la catástrofe del Prestige puede y debe continuarse con la oposición a la guerra contra Irak. Hagamos
un «ataque preventivo».
Como decimos en Marea Humana: ESTA ES NUESTRA GUERRA. ESTA ES NUESTRA MAREA.

Nunca máis

La Justicia: una Burla Negra.

Así se hacía llamar la facción artivista de Nunca Máis, cuando el término artivista ni siquiera existía.

Esa fue nuestra guerra, esa fue nuestra marea.

Guerra al capitalismo y a sus guerras del petróleo.

Marea Humana que hizo frente al búnker,  que ahora hace de dique frente a las mareas ciudadanas.

Sí. Han pasado once años y, al menos, otros tantos que nos quedan.

Hasta que la indignidad que habita las instituciones responda a la indignación las calles.

Galiza ano cero

Ya son legión quienes quieren escribir su historia, personal y colectivo, sin hipotecas (de ningún tipo).

Galiza ano cero  son todo un ejemplo de autonomía y coherencia. Apoyémosles.

Galiza Ano Cero es un canal de televisión sin ánimo de lucro
en internet. Contenidos producidos de manera colectiva y horizontal, en
código abierto y con transparencia, de la comunidad para la comunidad, y
difundidos bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento – No
Comercial – Compartir Igual (CC BY-NC-SANA). Desde abajo a la izquierda.
Otra televisión.

Galiza Ano Cero es una comunidad abierta. Una red de
grupos de trabajo que ponen en común ideas, afectos y mano de obra para
construir una herramienta, no una mercancía. Cualquiera puede entrar y
salir de Galiza Ano Cero. Cualquiera puede hacerse oír y trabajar en
Galiza Ano Cero. Será lo que todas queramos que sea.

Galiza Ano Cero es un banco de tiempo administrado colectivamente
por la comunidad. Una herramienta que permite afrontar todas las tareas
derivadas de la producción de contenidos de manera democrática y
sostenible, optimizando esfuerzos y recursos y permitiendo la
implicación de cualquiera.

Galiza Ano Cero es una asociación cultural que da
soporte a la comunidad y al canal de televisión. Una asociación
autofinanciada mediante las cuotas de las socias y las donaciones de
cualquiera que se constituye al mismo tiempo que nacen el canal y la
comunidad y que será, también, lo que todas queramos que sea.

Galiza Ano Cero es un portal web, www.galizaanocero.tv, y una constelación de redes sociales.
Un taller con las paredes de cristal en el que la comunidad y el canal
se expresan, trabajan y escuchan, a la vista de cualquiera. Nada que
ocultar.

Galiza Ano Cero está a punto de comenzar a emitir dos programas quincenales, uno de debate político y otro de entrevistas. Contenidos plurales, pero no equidistantes.

Y esto es sólo el principio. El resto lo decidimos entre todas.

¿PARA QUE NECESITAMOS EL DINERO?

Pedimos 6.300 euros pero en realidad necesitaríamos mucho más. Es lo mínimo que hace falta para comenzar las emisiones y recuperar lo invertido
en la puesta en marcha de las piezas con las que hemos armado el canal,
desde la web hasta los programas piloto que irás conociendo a lo largo
de esta campaña.

A partir de ahí, Galiza Ano Cero se financiará con las cuotas de sus
asociadas y sus asociados y mediante las donaciones puntuales que
cualquiera podrá hacer directamente en la web. Aportaciones libre y
voluntarias.

¿Y para qué es el dinero? Para el equipo técnico, para los gastos que se derivan de cualquier producción de este tipo y para el trabajo de las personas
que participan en el proceso. Galiza Ano Cero no es un proyecto
profesional, pero todas las tareas están mínimamente remuneradas. Es lo
justo.

¿Cómo y cuánto se paga por el trabajo? Lo que la comunidad decida. Para eso está el banco de tiempo
de Galiza Ano Cero. Cada tarea, por mínima que sea, está identificada,
racionalizada y traducida en horas, y todas las horas cuestan lo mismo.
Da igual que sea tiempo dedicado al guión, al montaje o a la
comunicación.

¿CUÁNDO EMPEZAREMOS?

Los programas pilotos –un debate, varias entrevistas y un conjunto de
tráilers promocionales– ya están grabados y editados. Los lanzaremos
durante los 40 días que dura esta campaña, para que no te olvides de
nosotros y para que puedas evaluar las intenciones de Galiza Ano Cero,
lo que queremos hacer.

En cuanto termine esta campaña empezaremos a trabajar para comenzar las emisiones normales en septiembre, a la vuelta del verano. Las recompensas, eso sí, las distribuiremos antes, justo cuando finalice el crowdfunding.

PARA COLABORAR, ID AQUÍ

Punto y Seguido: el escrache antifascista de los mil Manning, Colau y Garzón

Primero permítanme un cuento real, una fábula de un dentista gallego
que me es familia. No en vano ni sólo por las facturas, A. Reixa cantaba
(en sus buenos tiempos): «vosotros dentistas sois los terroristas». A
mi primo P. (me mataría si doy su nombre), en plena crisis de madurez
(van entendiendo el porqué del anonimato), le dio por la caza mayor del cacique
(como a otros les da por los deportes de riesgo). P. es dentista en
Lugo y se propuso colgar en el despacho de su consulta, al lado de los
diplomas y certificados, la cabeza disecada del cacique de nuestro
pueblo. Una metáfora, claro está.

La pieza  que P. quería cobrarse era una portada de La Voz de Galicia o Interviú
que dijese: «El alcalde de V. encarcelado por prevaricación y cohecho».
Sin pegar un solo tiro. Dejándole la disección y la taxidermia del
cadáver a los periodistas.

Invitó a sus
clientes a la confidencia. Convirtió el sillón de dentista en
confesionario. Su consulta se transformó en mentidero de escándalos
verdaderos y filtraciones. La propuesta, ni más ni menos, consistía en
algo que debiéramos plantearnos todos: convertir nuestras profesiones en
palanca de transparencia. Liberar los datos ignentes que manejamos.
Practicar la transparencia en lugar de reclamarla.

En
su caso, P. quería transformar las limpiezas de boca de sus pacientes en
purgas anticorrupción de nuestro municipio. Mi primo fue un Assange
adelantado a su época. Sus clientes, soldados Manning dispuestos a
jugársela por sus conciudadanos. Porque esa y no otra (recordémoslo
ahora que comienza el juicio a Manning), es la propuesta de fondo
Wikileaks. Por las bocas de todos nosotros, depurados por los secretos
que podemos filtrar, morirán los tiburones y las alimañas que nos
desgobiernan.

Sobra decir que nuestro ex-alcalde se lo
llevó crudo. Pero P. contribuyó mucho a colgarle la «ex-» pues perdió
las elecciones siguientes. Y eso le permitió a mi primo disfrutar de una
segunda juventud. Se lo pasó en grande haciendo agit-prop en el
periódico local, publicando las denuncias y los papeles con los que le
obsequiaban sus pacientes, en lugar de aceptarles el marisco. De paso, bajó su ácido úrico.

Mi
primo P. y Assange se dieron la mano sin conocerse. Sus émulos de ahora
se abrazan con Ada Colau y demás amantes del scrache, inventado por los
argentinos que denunciaban la ley de punto final y lograron convertirla en ley de putos finales para genocidas como Videla.

España
remezcla todas estas iniciativas en un nuevo artefacto de transparencia
flipante. Hackers y desobedientes de la hipotecas y de las historias oficiales se unen como
promotores de la iniciativa Punto y Seguido. Nos convocan a tod*s: contra toda ley de Punto final.

Suya sea la palabra y que las nuestras les den fuerza:

Punto Seguido es una iniciativa que a través de la colaboración ciudadana y de forma anónima,
recopila información de cualquier tipo sobre represores, torturadores y
criminales contra los Derechos Humanos. El objetivo es localizar a
estas personas, con nombres y apellidos, para facilitar su enjuiciamiento por tribunales internacionales en acciones como la conocida Querella argentina contra los crímenes del franquismo o la Querella por los bombardeos italianos de Barcelona durante la Guerra Civil, o poder señalar y avergonzar públicamente a esas personas, mientras los procesos judiciales no prosperan

Aunque la iniciativa nace en España y con la mirada en
Latinoamérica, tiene vocación internacional, ya que desafortunadamente,
los crímenes contra los derechos de las personas se han repetido y
repiten en todo el mundo. Se trata de repetir y compartir también las
luchas. Por eso esperamos que nuestra iniciativa inspire a otras
similares en otros países de habla no hispana.

Compartimos información contra la impunidad, para que esa historia no se repita.

Sirva esta herramienta de archivo y documentación de esa historia.

Hace
un año nos preguntábamos qué saldría del maridaje de Assange (la lucha
por la Transparencia Global) con el (ex)juez Garzón (y su combate por la
Justicia Universal). Bueno, aquí está su primer engendro. Hackeando la Ley de Memoria Histórica con un crowdsourcing multitudinario, un escrache antifascitas a ambos lados del Atlántico.
Empiecen a escribir la historia que nos arrebataron. Hagan de la
derrota la victoria. Cuelguen su fascista del muro de la vergüenza.
Empiecen por AQUÍ.

La ilustración es del gran Eneko.

P.S. Antes de que acabe la semana prometo post sobre el calvario de 12 meses de juicio que han iniciado conntra Manning.

Independéncia, república… xa!.

«Hoxe, 14 de Abril de 2013, ás 12,00 horas, reunidas varias persoas da
Freguesía de Combarro, deciden de mutuo acordo declarar o territorio
denominado Illa de Tambo, sito na Ría de Pontevedra, fronte aos
Concellos de Marín e de Poio, como República Independente de Tambo».
Deste xeito comeza a declaración de independencia deste espazo realizado por un grupo de veciños e veciñas. Denuncian
o «estado de abandono do lugar» e a ausencia de planeamentos por parte
do Concello de Poio e da Xunta «para outorgarlle o destino que se
merece».

Denuncian o «estado de abandono do lugar» e a ausencia de planeamentos
por parte do Concello de Poio e da Xunta «para outorgarlle o destino
que se merece»

Na declaración saliéntase que «non existe tutela algunha por
parte das administracións públicas, sendo manifestamente visible o
estado de abandono dende a última intervención dos veciños de Combarro,
no verán de 2011»
e que «nin o Concello de Poio, nin a Xunta de
Galiza teñen elaborado planeamento algún para outorgarlle o destino que
se merece». Ademais, lémbrase que «como acto de sabotaxe, unha vez
derrubada unha parte do porto de acceso, ninguén acadou resolución
algunha para súa reparación». Conclúen que «non podemos permitir por
máis tempo que un recurso socio-cultural, paisaxístico e con
particularidades ambientais, continue na desidia, impedindo con elo
poder contar cun importante complemento para o desenvolvemento local e
comarcal».

Como resolución final, acordaron que «unha vez desaparezan os
motivos da situación actual, negociaremos unha saída pactada, sen
renunciar a súa desaparición e integración na República Galega».

«Unha vez desaparezan os motivos da situación actual, negociaremos unha saída pactada»

Veñen de constituír ademais «un goberno provisorio, ata a celebración
de eleccións». Por ese motivo fan un chamamento a que «todas as persoas
interesadas en formar parte do mesmo», se inscriban a través do corre
eléctronico cmontescombarro@gmail.com. E recomendan seguir a súa conta de twitter e a páxina de facebook.

«La majestad de la multitud garantiza la posibilidad de la libertad»

«El olvido del fantasma monárquico es la exigencia primaria de la auténtica vida política: si el hombre sólo comienza a ser libre cuando se desvanece el celo de las divinidades, entiende que el hombre sólo comienza a ser sujeto político cuando su virtud misma se libera de la soberanía dorada de los poseedores del cetro.

«Y cuando comiences a vivir liberado de la presencia de fantasmas entenderás el gozo que aviva el saber que la majestad de la multitud garantiza la posibilidad de la libertad, pues, no habiendo libertad plena cuando alguien se arroga supremos derechos, existe posibilidad de libertad cuando cada ciudadano plantea la insólita novedad de sus intereses y deseos. Al pensamiento de la libertad debiéramos denominarlo justamente libertad. Y aunque difícilmente el hombre alcanza una felicidad plena y perdurable, mejor es sufrir por el temor a perder lo qu se ansía que no por acariciar la estupidez como preferible juguete»

Dos de los párrafos que José Luis Rodríguez García dedica al Príncipe Felipe en su Panfleto sobre la monarquía. Sobre la inutilidad de los reyes.

La foto es un guiño a otra que me envió Felipe. Es el Campo da Rata, Un lugar a la vez hermoso e infausto, al lado de la Torre de Hércules.

Antes de que se vayan de rositas

Suso Baleato, miembro del «cognitariado galego» instalado en el vientre de la Bestia (Alemania), me contacta y brinda a esta colmena un gráfico (dale click y te espantarás) y un relato estremecedor de lo que (no) va a pasar con quienes tanto se sobraron con los sobres. De nihilismo antipolítico nada. Su llamada – que hago mía – a una Tangentópolis a la española y de raíz social está formulada en otro post de su magnífico blog. Suso me recordaba aquella otra llamada que hicimos cuando arrancaba Nunca Máis… Ahora es tiempo de hacer circular esta otra, obra de Suso.

Cómo podrían irse de rositas (y por qué es necesario movilizarse)

El siguiente diagrama de flujo describe los mecanismos jurídicos
que garantizarían la impunidad a la cúpula del Partido Popular de ser
imputados por la trama de corrupción descrita por la prensa.
En el artículo describo la casuística citando la fuente jurídica,
realizo una valoración del escándalo asociado y comparto una reflexión
sobre la necesidad de promover un proceso colectivo de reflexión y
movilización.

Diagrama de Flujo representando la casuística del caso

La publicación en prensa de un supuesto caso de cobro sistemático de
dinero negro por dirigentes del Partido Popular ha logrado convertir el
de la corrupción en el tema principal de la agenda mediática española,
registrando incluso una significativa repercusión internacional. Las
razones de este impacto pueden encontrarse tanto en su alcance político
por afectar a la cúpula del partido en el gobierno, como en su extensión
temporal por abarcar buena parte del actual período democrático. La
gravedad del asunto, más allá de las oportunas consideraciones morales,
se encuentra en la tipificación de los delitos presuntamente cometidos:
evasión fiscal, financiación ilegal del partido o blanqueo de capitales
entre otros.

De ser ciertos los hechos que se describen, cabría imaginar la sombra
de la cárcel cerniéndose sobre la cúpula del Partido Popular; o, al
menos, sobre aquellos altos cargos cuyas firmas certificaran haber
recibido sobres con dinero negro en efectivo. Sin embargo el análisis
jurídico de los hechos conocidos prueba que nada estaría más lejos de la
realidad. Tal como se demuestra a continuación, absolutamente nadie
entraría en la cárcel, y todos podrían continuar ejerciendo cargo
público. Ya fueran simplemente testigos pasivos, intermediarios o altos
cargos imputados la impunidad sería total.
Dada la complejidad de la trama, el gran número de actores y la
diversidad de los posibles actos delictivos, divido el análisis en tres
partes. En la primera, reviso la veracidad de la información, en la
segunda examino a quienes habrían participado en la trama y en la
tercera a quienes la habrían organizado. Finalmente, comparto una
reflexión un poco para desahogarme y otro poco para acompañar en el
trance a quienes, como yo, entendemos que España está en un profundo
proceso de cambio estructural en cuya dirección es necesario que
participe la sociedad civil para evitar que esta crisis acabe por
convertirse en otra fallida transición.

Veracidad de la información publicada: no hay pruebas

La información periodística describe, en base al testimonio de
fuentes que no se desvelan, un mecanismo de incentivos económicos
localizado en la estructura ejecutiva del Partido Popular que, por
eludir las correspondientes obligaciones tributarias, operaba en la
ilegalidad contable y fiscal. Por operar en la ilegalidad, el sistema
garantizaba el silencio de sus partícipes; por la elevada cuantía de los
incentivos aseguraba la complicidad de quienes aspiraban a participar;
y, debido al alto coste que supondría su denuncia inhibía a quienes,
conociéndolo, no deseaban -o no podían- participar en él. El carácter
ilegal de la operativa -la entrega en mano de sobres con dinero en
efectivo no contabilizado- extendería la situación de ilegalidad tanto
al mecanismo de suministro del dinero utilizado como a la actividad
económica en la que tenía su origen, añadiendo al posible delito de
evasión fiscal los de evasión de capitales y financiación ilegal del
partido. Los testimonios identificarían como principal responsable de
este mecanismo a una persona tan cercana a las finanzas del partido como
pueda serlo quien resultó ser su máximo responsable económico desde que
fuera fundado en 1989. Resulta difícil encontrar un testigo más
acreditado que ese.

La existencia de este mecanismo de incentivos parece plausible; el
funcionamiento entra dentro de la lógica organizacional y el carácter
ilegal explicaría su permanencia en el más absoluto secreto a lo largo
del tiempo. Por si la revelación de una cuenta en Suíza gestionada por
este tesorero, imputado además en otra trama de financiación ilegal del
mismo partido, resultaran insuficientes para acreditar el relato de los
hechos, los más escépticos veríamos corroborada su veracidad en los
testimonios que lo ratifican de forma pública y en medios distintos al
que origina la noticia. La historia periodística es, desde el punto de
vista literario, muy buena; pero cabe señalar que la diferencia entre un
trabajo periodístico y otro novelesco radica en la posibilidad de
presentar pruebas de lo que se afirma. Y aquí es donde nos encontramos
con el primer escollo, pues falta por ser publicado lo único que podría convertir en veraz lo que parece verídico: los recibos, firmados por los dirigentes involucrados, que acrediten la entrega de sobres ilegales
y, con ello, la existencia de este mecanismo ilegal de incentivos. No
es posible alegar a este respecto la necesidad de preservar el secreto
profesional, pues este únicamente afecta a la identidad de las fuentes,
no a las pruebas que hacen veraz la información.
Podríamos cerrar aquí la cuestión y tratar de esclarecer los posibles
intereses que podrían motivar a un editor periodístico a difundir una
información sobre la que no publica las pruebas pertinentes. Conocida la
dependencia por parte de la prensa española a respecto de las
subvenciones gubernamentales, el móvil económico podría resultar igual
de plausible tal como ha sido publicado también. Pero supongamos por un
momento que acabe por instanciarse un proceso judicial y analizemos las
posibles responsabilidades penales en las que podrían incurrir las
personas implicadas en esta supuesta trama. Para ello tendremos que
evaluar las posibles penas en función de su específica casuística.

Los beneficiarios de los sobres: indemnes

Caso primero: los honrados. Están, ante todo, aquellas
personas que hubieran aceptado los sobres con dinero en efectivo. Coger
un sobre con dinero no es algo ilegal per se; basta con declarar el
ingreso en Hacienda y justificarlo convenientemente. Cabría por tanto la
posibilidad de que algunos dirigentes populares pudieran haber
declarado el cobro de estos sobres ante la Agencia Tributaria, en
concepto de pago por productividad o algo similar. El supuesto es poco
probable, puesto que al declarar un ingreso del que se presupone su
ilegalidad se estarían aportando pruebas indiciarias de un delito que el
fisco podría detectar. En todo caso, y aún siendo improbable, sería
posible, lo que nos lleva al primer caso de exculpación: pues, de
haberse dado ese supuesto, quien hubiera declarado el ingreso de los
sobres habría quedaría exhonerado de toda responsabilidad, puesto que la declaración de los ingresos supone el cumplimiento de la obligación fiscal y no implica el conocimiento de su origen. Caso primero cerrado; no hay delito. Resultado: nadie va a la cárcel.

Caso segundo: los cargos intermedios. Lo más probable, sin
embargo, es que los perceptores no hayan declarado ese dinero a la
Hacienda Pública. Suponiendo que el juez disponga de los recibos
firmados por el dirigente corrupto, en ese caso habría que observar el
montante de las cantidades percibidas. Tal como establece el código
penal, la cuantía defraudada debe superar los 120.000 euros para ser considerada delito fiscal.
A no ser que el tesorero aporte recibos cobrados por un dirigente por
un montante mayor, la cosa quedaría circunscrita al ámbito de la infracción tributaria,
que no conlleva inhabilitación ni pena de cárcel. No podría probarse la
existencia de un delito fiscal en este caso y el infractor como mucho
pagaría una multa. Caso dos cerrado; es una infración, no un delito.
Resultado: nadie va a la cárcel.

Caso tercero: los altos cargos. Supongamos que la policía
entra a la sede del Partido Popular y logra incautarse de recibos,
firmados por sus perceptores, de sobres cobrados y no declarados por
algún dirigente y que superasen el fatídico límite de los 120.000 euros.
Es complicado, pero es posible y estaríamos, entonces sí, en el caso de
un delito fiscal. Pero. Los delitos, tambien los fiscales, están
afectados por la figura de la prescripción, es decir, la
consolidación de una situación de hecho que causa la extinción de un
derecho: en este caso, la extinción del derecho de la Administración
Tributaria para exigir las responsabilidades correspondientes. El tiempo
que define la prescripción de un delito se establece en función de la pena impuesta que, en el caso de delito fiscal, depende de la cantidad defraudada. De este modo tenemos que los de naturaleza fiscal, prescriben a los cuatro cinco años con la excepción de un supuesto agravado que lo hace a los diez.
El supuesto agravado lo analizaré después en detalle; en cuanto al
estándar, en él precisamente se encontrarían los delitos presuntamente
cometidos por los dirigentes del Partido Popular si damos por bueno el
testimonio periodístico del tesorero: un testimonio que, ya sea por azar
o por casualidad, los sitúa precisamente en el año 2009. Caso tres
cerrado; el delito ha prescrito. Resultado, nadie va a la cárcel.

Caso cuarto: los testigos. Quedarían, finalmente, aquellas
personas que, siendo conocedoras, no hubieran participado en la trama.
En España, el conocimiento de un delito requiere su denuncia, a riesgo
de pasar a ser considerado cómplice de su comisión; estarían en este
caso por ejemplo los trabajadores de la sede y muchos de los militantes
más veteranos. Sin embargo, el delito no se materializa por la mera
denuncia de su comisión, sinó que requiere además la presentación de
pruebas que lo atestiguen. Como ya se ha dejado señalado, únicamente los
recibos firmados podrían ser prueba suficiente y, al no haber
participado en la trama, no habrían tenido acceso a ellos. Sin pruebas
no hay delito, y sin delito no hay pena. Por tanto, caso cuarto cerrado:
los testigos son inocentes. Resultado: nadie va a la cárcel.

Los organizadores: exculpados

Caso quinto: los intermediarios. Se ha mencionado también la
ilegalidad del mecanismo de suministro del dinero negro y, por tanto, la
posible inculpación de las personas involucradas en su funcionamiento,
al margen ya de los ejecutivos del partido beneficiados mediante los
sobres. Lo relevante aquí es entender que, al tratarse de ingresos
asociados al funcionamiento del partido, sería tipificado como un caso
de financiación irregular del partido. Podría tratarse de donaciones o
de cualquier otro tipo origen, tanto legal como ilegal. De nuevo, las
infracciones se encuentran sujetas a la figura de la prescripción que,
tras la modificación introducida en 2012 por el Partido Popular en la ley, indica que las infracciones por financiación irregular de partidos prescriben a los cuatro años;
de nuevo, puesto que los hechos se habrían cometido en el año 2009,
también estaríamos ante un caso de prescripción. De hecho, es este el
mecanismo que utilizan los partidos para garantizar su impunidad, puesto
que la institución encargada de monitorizar su contabilidad, el
Tribunal de Cuentas, precisa emplear al menos cinco años para completar
sus auditorías: cualquier posible ilegalidad detectada entraría
directamente en el supuesto de prescripción en el mismo momento de su
denuncia. En cualquier caso, supuesto quinto cerrado: no es delito sinó
infracción y, además, ha prescrito. Resultado: nadie va a la cárcel.

Caso sexto: los responsables intelectuales. Se trataría aquí
del supuesto de delito fiscal agravado antes mencionado, el que
prescribe a los diez años. La tipificación de este delito viene
codificada en el artículo 305 bis del Código Penal, y en él se incluyen
los delitos que superen los 600.000 euros, que hubieran utilizado medios
sofisticados para ocultar la identidad del defraudador -es decir, el
uso de paraísos fiscales, testaferros, entramados societarios o
similares- o que se hubieran cometido en el seno de una organización
criminal. En cuanto a esta última posibilidad, basta referirse al modo
en que las grandes multinacionales utilizan esos mismos mecanismos de
forma impune para eliminarlo de la casuística; por otra parte, el dinero
ubicado paraíso fiscales habría quedado regularizado mediante la
amnistía fiscal decretada recientemente por el gobierno. En cuanto al
límite dinerario, resulta inverosímil pensar que el tesorero pueda haber
dejado al alcance de un juez recibos por un importe superior a esos
600.000 euros, puesto que cualquier cantidad inferior le valdría para
imputar a cualquiera librándose al mismo tiempo de la cárcel. En cuanto
al supuesto restante, únicamente podría ser de aplicación si el Partido
Popular llegara a ser considerado una organización criminal. Dejo a
juicio del lector valorar las posibilidades pero, en ausencia de recibos
que lo impidan, tambien el caso sexto se cierra con el mismo resultado:
no hay causa penal. Resultado: nadie va a la cárcel.

Caso séptimo, y último: los culpables. Finalmente, es posible
que, pese a toda la casuística descrita, pudiera haber personas que
contra todo pronóstico pudieran acabar en la carcel, como pudiera ser el
caso del tesorero que dá cuenta de estos hechos, imputado en otra trama
quizá conectada con esta. La privación efectiva de libertad es la única
consecuencia seria que los políticos involucrados podrían temer, pues
es lo único que el dinero no puede comprar una vez que la sentencia ha
sido dictada. Supuestamente, la institución judicial es la máxima
autoridad en materia penal y, por tanto, la única a quien pueden temer
estas personas. Sin embargo, es posible que una vez finalizado el juicio
y haber sido dictada la sentencia, esta pueda perder parcial o
completamente su efecto en virtud de esa otra institución que
recientemente ha comenzado a ser cuestionada: el indulto. Son bien
conocidos los casos de indultos que exoneran el cumplimiento de la pena incluso en casos de torturas
-probablemente, el más grave de los delitos que puedan cometerse en el
seno de una institución democrática. Nada impediría al gobierno indultar
al tesorero, o a cualquier otra persona involucrada, una vez dictada la
sentencia. De darse el caso podríamos también cerrar el caso séptimo;
el gobierno indulta a los culpables. Resultado: nadie acaba en la
cárcel.


Conclusión: es necesaria una movilización general

No seré yo quien defienda aquí la institución carcelaria en su actual
configuración ni tampoco quien ponga en cuestión la veracidad de la
información publicada. No voy a ocultar, con todo, que en mi opinión el
bombazo informativo responde a una estrategia calculada en la que nadie
va a la cárcel y todos pierden excepto el editor del periódico y el
tesorero si el gobierno cede a la presión concediéndoles,
respectivamente, la subvención y el indulto. Digo que todos pierden por
que al final quien más pierde con esta historia es el conjunto de la
población española que, en medio de la mayor recesión económica de su
historia, se encuentra desprovista de una elite gobernante capaz de
ejercer la función que tiene encomendada. En este sentido, la conjetura
que conceptualiza el escándalo como parte de la estrategia utilizada por
la facción liberal del partido para erosionar la prevalencia de la
conservadora en la definición de la agenda política de la organización
-y, por tanto, del gobierno- podría suponer, de confirmarse, una llamada
inapelable a la insurrección: pues evidenciaría, de confirmarse, la
urgente necesidad de reemplazar a unas elites que demuestran ser capaces
de sacrificar, en aras de su propio interés personal, la misma
arquitectura institucional que posibilita su dinámica extractiva.
Desguazar el tractor para pagar su combustible solo puede tener sentido
para el agricultor que piensa en cerrar la explotación.

Reconozco que me irrita lo que puedo deducir de la información publicada, pero lo cierto es que ni existen pruebas ni tipos penales capaces de convertir esa impactante historia periodística en un proceso judicial efectivo,
por lo que no voy a dejar que esa irritación nuble mi raciocinio ante
el fenómeno de la corrupción. Difícilmente podrá resolverse ese problema
careciendo, como carecemos, de un contexto moral que la condene y de
una teoría sólida que explique por qué la corrupción es un problema. A
fin de cuentas, cuando la corrupción prospera es cuando los medios
proporcionados por las instituciones correspondientes requieren un coste
superior al que ofrecen las redes de corrupción para satisfacer un
mismo objetivo. Lamentablemente, en los lugares donde las redes
clientelares están más extendidas como en Galicia o Valencia, es
mucho más eficiente desde el punto de vista económico dedicar recursos a
prosperar dentro del Partido Popular que a formarse, hacerse un
curriculum y actuar de forma honesta
. En ausencia de guillotina, emigrar es siempre una opción a la vista, eso en Galicia lo sabemos bien.

Yo entiendo que no es la corrupción el problema fundamental, como
tampoco lo es el Partido Popular, el ‘PPSOE’ o la ‘Esquerrovergéncia’.
La corrupción es tan solo una consecuencia de la estructura política y
la urdimbre moral de las sociedades españolas, que convierte al Estado
en una maquinaria demasiado ineficiente y costosa para satisfacer la
función que la Teoría Política le confiere. Pienso que el actual déficit
estructural y moral es una consecuencia de las dinámicas que nuestras
elites -eso que se ha dado en denominar popularmente como ‘casta
política’ o, en su versión académica, ‘elites extractivas’- ponen en
marcha para mantener su posición dominante; y que sus orígenes pueden
identificarse en el fallido proceso de transición a la democracia. La
resolución del problema requiere, al menos, modificar la Ley Electoral
para que contemple el uso de listas abiertas y la representación
proporcional de las naciones españolas, la modificación de la Ley de
Partidos para regular su financiación y su funcionamiento, y establecer
los mecanismos de coordinación inter-territorial necesarios para hacer
viable la configuración federal que el texto de la actual Constitución
articula ya de hecho. No son grandes cambios ni requieren alterar la
Constitución, que dá cabida a todo ello. Y, de ser neceario modificarla,
nadie debería asustarse: hemos tenido ejemplos recientes de como un
volumen suficiente de presión política permite hacerlo sin grandes
traumas institucionales. Eso sí, ningún cambio relevante podría venir
del actual sistema de partidos, que ha sido definido básicamente para
preservar el actual status quo. Entonces, como hacerlo posible?

Cuando las estructuras políticas de un régimen no permiten su
necesaria actualización sólo caben dos salidas posibles: la movilización
social cívica o, en su defecto, el conflicto de violencia bélica e
institucional. El conflicto bélico es bien fácil de instanciar en España
como ilustra la historia reciente; cualquiera de los múltiples y
profundos cleavages que atraviesan la sociedad española lo atestiguan.
La puesta en marcha de una movilización social es en cambio bastante más
compleja puesto que no apela tanto a los instintos primarios como a la
necesidad de una reflexión colectiva que lleve a determinar las causas
de la situación, identificar una alternativa mejor y desvelar el modo de
hacerla posible: pura praxeología. Entiendo que el fenómeno -que no
movimiento- del #15m contribuyó de forma efectiva en la primera de las
tres fases, pero aún no existe un diagnóstico sólido de la situación.
Existen algunas propuestas, como la que yo mismo he compartido en el
párrafo anterior, para identificar esa alternativa mejor; pero para que
puedan cristalizar es necesario que tenga lugar un proceso colectivo de
reflexión que por el momento aún no ha eclosionado. En cuanto al tercer
paso, es seguro suponer que requerirá agotar el amplio repertorio que la
resistencia pacífica y la desobediencia civil ofrecen; pero esa es la
parte que menos me preocupa: quienes hemos tenido la oportunidad de
participar en la movilización social que tuvo lugar en respuesta a la
parálisis institucional en la crisis del Prestige, hemos visto como
incluso la sociedades más precarizadas son capaces de encontrar su
propio camino cuando llega el momento.

Sólo mediante la participación de la ciudadanía en la dirección del
actual proceso de adaptación al nuevo escenario de gobernanza global
podremos evitar la ejecución de una nueva transición fallida. La
participación en este proceso no solo optimizará las posibilidades de
introducir las reformas señaladas en la estructura política del Estado:
sobre todo, permitirá revertir la degradación moral que se está haciendo
evidente en esta crisis, al tomar conciencia y dominio en la gestión de
lo que nos es común. Mi impresión es que ese proceso de cambio está ya
en marcha, y que el tema de la corrupción está logrando precipitar lo
que empezó a cristalizar con el fenómeno de los indignados. A riesgo de
que la violencia bélica o institucional tome la iniciativa, lo que
debemos hacer es promover la movilización generalizada, movilizando
nuestro entorno afectivo, laboral y político en el sentido indicado -y
dejándonos movilizar por él. Ojalá que estas anotaciones puedan
contribuir a ello.